Extracto del capítulo V del libro “La Masonería en Ceuta, Origen, Guerra Civil y Represión (1821-1936)”
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Mientras en Melilla, desde primeras horas de la tarde del 17 de julio, ya estaban las tropas sublevadas en la calle, en Ceuta, se respiraba una tensa calma. El alcalde y miembro de la masonería ceutí, Sánchez Prado, recibe varias llamadas: <<Fui llamado por diversos señores amigos, y me indicaron y aconsejaron que desapareciera de Ceuta, yo les contesté, que mi sitio estaba junto al pueblo que me eligió>>. El 5 de septiembre de 1936 fue fusilado.
Cuando el 24 de julio de 1936 el Venerable maestro de la logia Hércules, Aonso Estivil, clausuraba las puertas del templo ceutí, en la calle teniente Pacheco, camino del exilio, se abatieron las columnas de toda una tradición masónica en la ciudad, con más de un siglo de historia. La represión llevada a cabo contra los masones, como indica Morales Ruiz, <<fue una <<Cruzada>>, dentro de la <<Cruzada de Liberación>>, y esta cruzada antimasónica tuvo una particular y extremada virulencia>>. La represión contra los más de doscientos masones ceutíes, se presentó en ejecuciones sumarísimas (27), despidos de sus trabajos, incautaciones y multas a sus familiares tras ser ellos ejecutados, en prisión, o estar en paradero desconocido. Hemos podido conseguir en el CDMH, un informe realizado por el Venerable de la logia ceutí, Hércules, Aonso Estivill, tras salir de la ciudad en julio de 1936, en el buque inglés Bulldog con destino a Gibraltar:
El día 19 de julio, el que suscribe, por residir en los altos del Templo(actual calle teniente Pacheco,12) fui avisado por una vecina de que la Guardia Civil estaba derrumbando la puerta con los fusiles. Inmediatamente bajé y efectivamente había allí un Teniente de la Guardia Civil y dos números, quienes al verme bajar me apuntaron con sus armas y me ingresaron groseramente, comandándome a que abriera la puerta, lo que así hice, y una vez dentro comenzaron a registrarlo, pero convencidos ellos de que no había nada el Teniente me dijo que me daba su palabra de honor de que él no buscaba otra cosa que lo delictivo y lo que no lo fuese no saldría de su boca. Continuaron registrando la secretaría y estuvimos entretanto hablando hasta que se marcharon clausurando la Logia y despidiéndose el Teniente muy amistosamente incluso estrechando mi mano. Es decir, que a los militares, aun no teniendo derecho a clausurar la Logia pues son facciosos, no se les veía una intención malévola contra nosotros, pues estuvimos en Ceuta después, hasta el día 24 de julio 1936 y mi domicilio no fue registrado ni fui molestado más. Gracias a la llegada de un buque inglés, llamado Bulldog se cortó, pues al día siguiente de salir de Ceuta llegaron los fascistas falangistas e hicieron un destrozo en el Templo llevándose los enseres que pasearon por Ceuta en procesión y luego los quemaron y tiraron al mar.
Efectivamente, el 25 de julio, fue asaltado el templo, por parte de un numeroso grupo de civiles, los llamados balillas, primera denominación de la organización juvenil de Falange Española. Sacaron a la calle todos los utensilios masónicos, los pasearon por la calle Real, hasta los jardines de San Sebastián, donde los arrojaron desde la balaustrada al mar.
El 15 de septiembre de 1936 el general Franco decretó que la masonería era una asociación clandestina, declarada contraria a la ley, y que todo aquel que hubiera pertenecido a ella sería considerado como culpable de adhesión a la rebelión. Por lo tanto, si tras realizarse los registros, por parte de la policía, en sus casas, encuentran algún documento o símbolo masónico, se le acusaba en los consejos de guerra de que éstos debían estar destruidos en los tres días siguientes a la publicación del edicto. Difícil de cumplir, ya que la gran mayoría fueron detenidos en los días siguiente al golpe. Quedaba claro, que quien antes del 17 de julio de 1936 era leal al Gobierno o pertenecía a la masonería, pasaron a ser, desde la siguiente madrugada, culpable de un delito de rebelión.
Se catalogaban como delitos aquellos que previamente no existían en el código y se les aplicaban sumarísimas penas por su pertenencia a la Orden. El nuevo aparato jurídico que se crea se articula, en primer lugar, a través de los consejos de guerra de la justicia militar, y, segundo, por los tribunales regionales que remataban la tarea represiva. Esto fue, el fin, a cualquier espejismo por parte de los masones de que los sublevados quisieran llegar a algún compromiso que no fuese el apartamiento total de los vencidos.
Existieron varias leyes de evidente carácter represivo contra los masones, la económica, muy importante, con incautaciones de bienes y cuantiosas multas con la Ley de Responsabilidades Políticas (TRRP), promulgada unos días antes de finalizar la guerra. Esta preparaba el camino de la gran represión ejercida en la posguerra, aalcanzando su cota más alta con la promulgación un año después, de la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo (TRMC). Este tribunal después de examinar todos los documentos que llegaban a su poder acordaba la tramitación del sumario, para otorgar las condenas, que eran por norma, de doce años y un día. Con la aplicación de esta Ley se condenó a numerosos masones ceutíes, incluso a penas de hasta 30 años de prisión. Se establecieron juzgados específicos para reprimirlos, sin seguridad legales.
Además, desde el 1 de noviembre de 1936, el alcalde de Ceuta, teniente coronel José Tejero, ordena al Servicio de Vigilancia que tomen las medidas represoras que hagan falta hacia el personal del Ayuntamiento, sufriendo estas inquisiciones por el Juzgado Especial de Depuraciones. Los que no estaban en prisión, ni habían sido fusilados, tenían que hacer frente primero, a la pérdida del trabajo, y posteriormente a una cuantiosa multa, por su pertenencia a la masonería. Valga como ejemplo, la sesión del 11 de diciembre de 1936, donde la Comisión Gestora del consistorio acordó la destitución de veintitrés funcionarios. Entre ellos, el oficial, José Ruiz González, iniciado en 1933 en la logia Hércules. Destacado militante socialista. Fue detenido el 20 de julio de 1936, y condenado en un principio a un año de prisión. El TERMC le instruyó un sumario fallando en febrero de 1943 doce años de prisión.
Otro expulsado miembro de la masonería ceuti fue Juan Romero Romero, mecánico municipal, iniciado en 1926, en la logia Resurrección n. º 3 (GOE), de La Línea de la Concepción (Cádiz). En 1928, se traslada a Ceuta y junto a otros masones, fundaron en 1930 la logia Hércules, donde llegó a ser Maestro y Venerable en 1933. Tras la sublevación fue detenido y trasladado a la prisión de García Aldave. En 1942, fue puesto en libertad, en espera de juicio, lo que aprovechó para exiliarse a Tánger. El TERMC le incoó un sumario señalando que se encontraba en paradero desconocido, pese a ello, le condenó a dieciséis años de reclusión. Con el paso de los años, volvió a La Línea y se estableció como mecánico. El 7 de junio de 1954, el TERMC le juzgó fallando inhabilitación para el desempeño de cargos políticos y sindicales, y su expulsión como funcionario.
Como indica el historiador Rafael Pérez Ferrón, en Depuraciones en el Ayuntamiento de Ceuta, a mediados de 1938 los expedientados pasaron a la Comisión Especial, que realizaron un informe de cada uno de ellos. En la sesión municipal del 8 de febrero de 1939 los gestores presentaron los resultados: 109 funcionarios fueron confirmados en sus cargos, 19 quedaron ratificados, pero sometidos a vigilancia política, un alguacil fue suspendido de empleo y sueldo durante un año, el oficial mayor de intervención fue suspendido durante cinco años y, por último, a cinco se les castigo con la destitución.
Las penas para sancionar a los funcionarios municipales fueron de tres tipos: económicas, restrictivas de la actividad (inhabilitación absoluta), y limitación de la libertad de residencia (extrañamientos y confinamientos). Por cuanto al artículo cuarto de la orden sólo preveía dos situaciones después de que el instructor hubiese comprobado la conducta del funcionario: admisión sin imposición de sanción o incoación del expediente para imponer la sanción que procediera. Por lo tanto, se presuponía la culpabilidad de todos los funcionarios. El 19 de octubre de 1939, se comienzan a publicar los listados con las multas, en el Bocce.
Otro de los masones represaliados y funcionario fue Manuel Almanzor de Bernardo miembro de la logia Hércules desde 1932, posteriormente fundaría otro taller, Hijos de Hércules, donde llegó al grado de Maestro en 1934. También se le abrió una causa por el TERMC, en 1943, condenándolo a 12 años e inhabilitación absoluta perpetua para el ejercicio de cualquier cargo del estado. Otro fue el practicante en beneficencia municipal, José Gallardo de Salas, de la logia Hércules. El TERMC le siguió un sumario en 1942 y un año después fue absuelto[1]. También, Félix Furest García, se inició en 1933 en la logia Hércules. En los primeros momentos de la sublevación, estuvo escondido en casa de un amigo. Con el paso de los días se reincorporó al Ayuntamiento, pensando que no sería represaliado, pero no fue así y en noviembre de 1937 fue detenido y trasladado a la prisión de García Aldave. Un consejo de guerra lo acusó de su pertenencia a la masonería y de su militancia socialista, condenándole a la pena capital, aunque esta se conmutó por treinta años de reclusión. Se le trasladó al Puerto de Santa María (Cádiz) en 1942. Por su parte, el TERMC le sentenció a otros doce años de prisión.
Otra de las profesiones más castigadas fueron los maestros, aquel 17 de julio les sorprendió de vacaciones; no sabían que aquella fecha daba inicio a la más ingrata etapa que iban a vivir, sobre todo aquellos educadores que habían mostrado su simpatía por la República o pertenecían a la masonería. La primera ejecución de un docente en Ceuta tuvo lugar en la saca de la madrugada del 17 de agosto de 1936; su nombre, Ángel Grande Pérez, pieza fundamental para que el colegio Lope de Vega se construyera durante la República.
Había que aplicar un castigo ejemplarizante a los intelectuales en general. También otra norma de castigar a los maestros ceutíes que dependencia del municipio era retirarles la ayuda que recibían. Cómo lo acordado por la comisión gestora del Ayuntamiento, en la sesión del 7 de agosto de 1936 con una escuela de la barriada del Sardinero, regentada por el maestro José Lázaro, quien además, fue detenido. Y el acuerdo del 23 de diciembre de ese mismo año: <<Retirar la subvención que venía disfrutando el vecino del patio Centenero, Ángel Méndez Castro, dedicado a la enseñanza particular, dado que concurren en el interesado las circunstancias de carecer de título de maestro, haber demostrado siempre una escasa cultura y ser de tendencia izquierdista>>. También, la clausura de la Escuela Racionalista y posterior ejecución del maestro Pedro Vera Sánchez, en agosto de 1936, o Antonio Bernabé Calvo, un joven maestro fusilado en el Hacho, en noviembre de 1936. Incluso para buscar la culpabilidad de un maestro militante socialista se ordenó que declararan ante el juez militar a varios niños.
Junto a los maestros estaban también lo profesores y catedráticos del instituto Hispano-Marroquí, un buen número fueron separados de su labor docente. Destacando a Víctor Bigtar Armenta Moreno, profesor de filosofía y francés, fue expulsado de su cátedra por orden de la Comisión de Cultura y Enseñanza el 26 de junio de 1937, por su pertenencia a la masonería, en la logia Trafalgar n.º 20, de Algeciras (Cádiz), de la que fue Venerable Maestro. Años después el TERMC falló en 1941 su inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo del Estado. Por lo que tuvo que dar clases particulares en su casa, en la calle Real, 89 (Edificio Baeza) y en la Academia Navarro. Pese a ello, la policía, en el informe donde detallaban los motivos de su expulsión: «En el aspecto moral, lo mismo antes que después del Movimiento Nacional, ha observado siempre muy buena conducta tanto en el aspecto económico como sexual, es persona de muy buenas costumbres y muy bien conceptuado en su trato social». Y años después, pese a su expulsión, el Juzgado de 1. ª Instancia de Ceuta le comunicó en 1942 que se le había incoado expediente para imponerle una multa.
Otro fue, Manuel Lavilla Santiago, profesor de Derecho Mercantil. Formó parte de Hércules desde 1932, y con el fin de constituir otra logia en Ceuta, requirió en 1933, su plancha de quite. El nuevo taller recibió el nombre de Hijos de Hércules, en el que resultó exaltado al grado de Maestro. Tras la sublevación, se le detuvo a comienzos de agosto de 1936 y recluido en el Hacho. Un consejo de guerra le condenó a cuatro años de cárcel, sentencia que cumplió en el penal del Puerto de Santa María (Cádiz). Posteriormente, el TERMC le instruyó un sumario condenándolo en 1943 a ser deportado, por tres años, a la ciudad de Tafalla (Navarra). La misma represión tuvo el catedrático de filosofía del Instituto Hispano-Marroquí de Ceuta y presidente de Izquierda Republicana, Luis Abad Carretero, estaba casado con la primera mujer médica en Ceuta Antonia Castillo, los dos se exiliaron a México. Fue uno de los iniciadores del Ateneo Español, donde tantos ilustres escritores e intelectuales republicanos españoles se dieron cita, falleció en 1969.
Masones en las sacas
En la madrugada del 15 de agosto de 1936 comienzan las ejecuciones masivas sin juicio. Estas sacas estaban realizadas por patrullas de civiles encuadrados en la falange local. Todas recorren una trágica rutina. En plena madrugada, se desplazan a los centros de internamientos, donde están los políticos, sindicalistas, masones y simpatizantes de la República, Hacho, García Aldave o la prisión de mujeres del Sarchal. Tras acceder al interior de las cárceles, leen los nombres que traen en una lista, les comunican que van a ser trasladados a comisaría para declarar, ninguno se lo cree. Según algunos supervivientes me afirmaron años después, que cuando leían un nombre, acordaron que el designado no opusiera resistencia, ya que podrían comenzar a disparar o llevarse a otro que no había sido nombrado. Había otra forma de represión, la psicológica, con el chirriar de las cancelas, el descorrer de los cerrojos o los pasos de los ejecutores en plena madrugada, haciendo presagiar la inminencia de la muerte y la posibilidad de que fueran ellos los elegidos.
Desde el inicio de la Guerra Civil, la falange fue considerada un instrumento de represión en Ceuta. Durante la República eran muy pocos sus miembros, no tenemos constancia de ninguna asamblea, pero si el anuncio en la prensa en octubre de 1933 de que el jefe local era Emilio Pelegrina Castro. Tras ser asaltado el templo masónico en julio de 1936, se utilizó por los jóvenes flechas y Balillas; el casino Africano, sirvió de lugar para las oficinas y dirección de la Falange, y el cuartel del teniente Ruiz sus milicias. Los requetés se apropiaron del local de la asociación cultural Septa, en la calle Riego, transformándolo en centro de sus actividades. El diario Día, se erige en portavoz de la falange local, en su cabecera, destacado el anuncio de Nacional-Sindicalista. En sus páginas se publicaban toda clase de avisos amenazantes, sobre todo cada vez que se detenía a algún miembro destacado de la izquierda ceutí, y el anuncio de las tropelías de sus patrullas, destacando que la noche era la hora ideal:
Casi todas las noches se oyen por todos los sectores de la ciudad disparos de pistolas que hacen que los muchachos de falange den bastantes batidas. Esto, que a simple vista no parece tener gran interés, a nuestro entender la tiene y demuestra que la fiera marxista, aquí en Ceuta, sigue vivita y coleando. No hay que tener misericordia del Español, que al gritar ¡Viva España!, no contesta con otro viva a la Patria, esto hay que enseñárselo por las buenas y por las malas, quien se resiste es un traidor y con los traidores no hay que tener ninguna piedad.
Tras llevar a cabo las ejecuciones en cualquier descampado de la ciudad, sus cuerpos son amontonados en el suelo del depósito de cadáveres del cementerio de Santa Catalina. Por la mañana, el responsable municipal comprueba que varios cadáveres están en el citado aposento y a continuación se lo comunican al juzgado y a la comandancia, esta envía a un médico militar para que levante acta. Detallando, cuántos son los muertos, las causas y sus nombres. Cada ejecución conllevaba una certificación, registrándose sus datos en los libros del cementerio y en el registro civil, con carácter individual. Una vez que se levantaba el acta de defunción, si los familiares no habían llegado, eran enterrados en la fosa común, que existe en el cementerio. En muchas ocasiones, al ser Ceuta una ciudad pequeña en la que todos más o menos se conocían, los trabajadores del camposanto avisaban a los familiares. Eso fue lo ocurrido con el sargento de artillería Miguel Hernández Morales, que sería fusilado el 30 de septiembre de 1936, persona muy implicada en diferentes asociaciones de la ciudad y gran valedor de la República…
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Paco Sánchez Montoya 